¿DEMOCRACIA?

Podcast de análisis y reflexión que busca deshilar los problemas de la Democracia

(Duración: 11:12 min.)

Educar para la democracia

Teresa González Luna Corvera

La educación para la democracia, gran desafío de todas las sociedades, trasciende las fronteras locales, nacionales e internacionales, y desdibuja asimismo las fronteras entre el aula y el mundo. El proceso educativo se prolonga fuera de la escuela con experiencias de aprendizaje cotidianas y estableciendo vínculos entre los contenidos escolares y la vida pedagógica de las personas.

La consolidación y el desarrollo de la democracia dependen no sólo del conocimiento de los valores democráticos, sino también y de manera decisiva del aprendizaje y puesta en práctica de los mismos. Inculcar a la vez el ideal y la práctica de la democracia, así como revertir el desafecto creciente de los ciudadanos por los asuntos públicos, representa un desafío tanto para el sistema político como para el sistema educativo nacional.

Si bien este tema demanda la concurrencia de diversas disciplinas y su exploración desde distintos ángulos o puntos de vista, dada su amplitud y complejidad comprende dimensiones generales que se constituyen en fértiles puntos de partida para tratar acerca de la educación para la democracia. Entre estos ejes analíticos que animan la reflexión se incluyen la perspectiva de género, la educación cívica y las políticas públicas.

La perspectiva de género en la educación

Educar para la democracia obliga a incluir la perspectiva de género en la educación y enfocar la mirada a las construcciones culturales, sociales e históricas que, sobre el dato biológico del sexo, determinan normativamente lo masculino y lo femenino; es decir, las representaciones simbólicas de la diferencia sexual que aluden a las diferencias sociales entre los sexos. Son las construcciones de género que condicionan la existencia de una valoración asimétrica para varones y mujeres en las relaciones de poder que entre ellos se establecen y dan lugar a mecanismos de subordinación y exclusión en perjuicio de la población femenina. Desde este enfoque es posible desentrañar la relación existente entre estas construcciones y el aprendizaje de los valores de la democracia por parte de las mujeres y los hombres durante sus experiencias educativas.

El proceso de socialización que tiene lugar en la escuela, cargado de poder de simbolización, está condicionado por el cruce de variables contextuales como son la pertenencia a un determinado grupo o clase social, raza y sexo, así como las condiciones geopolíticas y el ciclo de vida en que se encuentran los individuos. Si bien puede resultar más sencillo desenmascarar el mito de la igualdad en la educación cuando se hace referencia a otras variables, como la clase social, que al género de los individuos, se impone en la educación democrática la tarea de identificar y transformar las prácticas institucionales y las actitudes que generan y legitiman comportamientos discriminatorios por razones de pertenencia al sexo femenino o masculino; más aún cuando éstos se cristalizan en representaciones de la realidad social, en valoraciones y en la normatividad jurídica y social que regula la convivencia humana.

La constatación de la brecha existente entre la igualdad de derechos y las condiciones de hecho que obstaculizan la participación plena de las mujeres en la sociedad, da cuenta clara de la discriminación basada en el sexo de las personas. El sexismo expresa aquellas prácticas y actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de la diferenciación sexual.

Para explicar estas diferencias entre hombres y mujeres, que trascienden la realidad biológica y determinan sus funciones en la reproducción humana, el vocablo sexo resulta insuficiente. De ahí que la categoría de género surge en las ciencias sociales para dar cuenta del conjunto de símbolos, valores, representaciones y prácticas que cada cultura asocia con el hecho de ser hombre y mujer. Este concepto introduce una distinción entre el sexo biológico, con el cual nacemos, y el género, que culturalmente se nos asigna y adquirimos; es decir, nacemos hembra y varón (sexos biológicos), y la cultura nos transforma en mujer y hombre (géneros sociales).

Por su carácter mutilador, el sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, varones y mujeres, porque limita las expectativas de comportamiento social y de ciudadanía que existen para cada uno de ellos en un momento y lugar determinados. Sin embargo, es doblemente negativo para las mujeres, porque se devalúan sistemáticamente sus actitudes, comportamientos, juegos, aficiones y capacidades, lo que las lleva a interiorizar un lugar secundario y subordinado en la sociedad.

En México, al igual que en otros países del mundo, los mecanismos de exclusión y/o discriminación por razones de sexo en la educación ya no se sitúan en el acceso al sistema ni en su estructura formal, al menos en lo que toca a la cobertura de la educación básica que actualmente atiende de forma paritaria a niños y niñas Ahora, el debate sobre la igualdad de derechos y oportunidades en la educación se centra en la calidad y modalidades de la enseñanza, es decir, en el curriculum formal de los programas y en el curriculum implícito de las prácticas educativas.

Tanto los contenidos de la educación como la forma de transmitirlos, los cuales moldean la concepción que hombres y mujeres tienen de la realidad social, de sus normas de funcionamiento, de los valores y principios que organizan la convivencia humana, están permeados por el sistema de género. Este sistema, que norma, regula y jerarquiza las relaciones entre los sexos, determina la manera en que las personas se representan a sí mismas, el desarrollo de sus motivaciones y las expectativas que tienen sobre su vida futura, en las que se incluye la ciudadanía. Así, como afirma Steven G. Smith, la distinción de género se entromete en el proyecto democrático como una mancha oscura(1).

Desde este enfoque resulta pertinente identificar y analizar en el curriculum explícito y en el curriculum oculto el discurso de la igualdad que ha llevado en todos los niveles educativos, de manera especial en la educación básica, al desarrollo generalizado del modelo masculino, que supone para las mujeres una posición secundaria. No se trata de discutir las diferencias biológicas, sino la interpretación y el significado que culturalmente se ha dado a las mismas, particularmente en el terreno de la educación y en los procesos de socialización que ahí tienen lugar.

Introducir la perspectiva de género en el análisis y la transformación de las acciones educativas, además de remitir a la estructura formal de los sistemas educativos y a los programas formales, conduce necesariamente a identificar desigualdades sociales entre hombres y mujeres que se expresan y se mantienen en una variedad de aprendizajes que tienen lugar en las interacciones que se producen cotidianamente en el espacio escolar. Son múltiples y complejos los elementos, las situaciones y los procesos que configuran las prácticas educativas, susceptibles de dar cuenta de cómo actúa el sistema de género en ellos.

Integrar la categoría relacional de género en el análisis y la reflexión de las prácticas educativas significa también adentrarse en la dimensión ética de la educación, es decir, en el terreno del aprendizaje y la construcción de valores de una cultura democrática. Se impone, por un lado, revisar críticamente la fundamentación pedagógica y el funcionamiento de las instituciones educativas, para eliminar los sesgos sexistas que se filtran de diversas maneras en las dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinales que conforman los procesos educativos, en cuyo desarrollo se juega el aprendizaje y la construcción de valores democráticos. De esta manera se podrá aportar al tránsito de la igualdad formal a la igualdad real de hombres y mujeres en nuestra sociedad y a los procesos de democratización social. Por otro lado, es menester investigar cómo la diferenciación sexual de los individuos y las desigualdades que conlleva intervienen en la conceptualización, el desarrollo y la práctica de cada uno de los valores, objetivos y finalidades de la educación para la democracia.

El sexismo en la educación es profundamente antidemocrático, tanto por lo que supone la discriminación de los individuos como por sus consecuencias en el conjunto de la sociedad. El predominio de los valores masculinos y el silencio y menosprecio de los femeninos crean un fuerte desequilibrio e iniquidad en el desarrollo de las sociedades. No basta con legislar cambios de conducta para lograr la igualdad; es necesario proceder desde la educación, toda vez que no es posible legislar cambios de actitud.

Eliminar el sexismo en la educación supone preparar el campo y aportar para transformaciones sociales y culturales profundas, puesto que implica la construcción de una democracia cotidiana vital, la apertura de los individuos hacia nuevas posibilidades y el cuestionamiento de las concepciones sobre todo lo social. Hombres y mujeres, niños y niñas, a través del aprendizaje podrán interiorizar nuevas maneras de percibir y de saber, construir nuevos valores y desarrollar una ciudadanía democrática.

La educación cívica: construir la ciudadanía

La educación para la democracia debe comenzar con un franco reconocimiento de las realidades: la democracia no está funcionando bien en la mayoría de los países de América Latina, particularmente en México, y todavía no descansa sobre sólidos cimientos de elementos culturales, eficacia y compromisos políticos. El desafío se plantea en términos de reformar y reforzar las instituciones democráticas y cambiar la cultura subyacente.

Para lograr una democracia más profunda y eficaz se impone cambiar la cultura y educar a la población para que espere, exija y se movilice por un gobierno transparente, sistemas de justicias accesibles y creíbles, la protección real de los derechos humanos, la equidad social entre los géneros y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

A decir de Larry Diamond(2), la educación cívica tiene tres tareas generales para cultivar la ciudadanía democrática: a) generar la demanda democrática, toda vez que es necesario el entendimiento de la democracia, con sus niveles y dimensiones, para su sostenimiento y mejora; b) desarrollar la capacidad de los ciudadanos de hacer que funcione la democracia, profundizarla y vigorizarla, y c) fomentar la gobernabilidad, para lo cual se requiere cuidar los valores, las normas y las prácticas que hacen a la democracia gobernable, apoyan a las autoridades democráticas y controlan la intensidad del conflicto político. Estas tres tareas se tensionan y refuerzan entre sí; juntas, generan los valores que caracterizan a la cultura democrática.

Corresponde a la educación cívica cultivar el conocimiento, los valores y las prácticas de la ciudadanía democrática, a través de la práctica (que es como mejor se aprende). El compromiso cívico es un hábito, una práctica, una serie de aptitudes y una forma de vida que se debe fomentar desde temprana edad. La democracia necesita capital social, densas redes de asociación, cooperación y participación activa en la vida social y política de la comunidad. Desarrollar este capital social en todos los niveles de la enseñanza es un objetivo clave de la educación cívica.

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad política, y el Estado por sí mismo no la puede garantizar. Sólo los ciudadanos, mediante la tolerancia mutua de sus diferencias y su respeto a la humanidad fundamental, pueden generar una sociedad en la que todos los ciudadanos sean respetados. Hombres y mujeres tienen derecho a la ciudadanía democrática, la cual abraza a cada ciudadano como miembro igual de la comunidad política. La ciudadanía democrática no surge espontáneamente, sino que se construye.

La educación debe dar a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad, de asumir su responsabilidad para con los demás de forma cotidiana. Desde su vida escolar, los niños y las niñas deben conocer sus derechos y obligaciones, desarrollar sus competencias sociales, trabajar en equipo, descubrir al otro(a) en contextos de igualdad y aceptar la diversidad. No se trata de una alfabetización política elemental, es decir, del aprendizaje del ejercicio de la función social con arreglo a códigos establecidos, sino de hacer de la escuela un modelo de práctica democrática que permita a los alumnos(as) entender, a partir de problemas concretos, sus derechos y deberes.

El objetivo básico de la educación democrática es el acceso político a todos los derechos políticos. Se trata de brindar los medios para el ejercicio de una ciudadanía consciente y activa, de transformar la diversidad en un factor de entendimiento, de ayudar a construir el sistema de pensamiento y de valores de cada individuo con apertura intelectual, para que tenga la capacidad de interpretar los hechos más importantes relacionados con su destino personal y colectivo. Asimismo, los programas de educación cívica deben propiciar prácticas educativas que conduzcan a los niños a tener en cuenta otros puntos de vista y a debatir sobre dilemas morales o sobre casos que exijan decisiones de carácter ético

La educación cívica no es neutra; por el contrario, plantea problemas de conciencia, por lo que supone el desarrollo de una capacidad crítica que permita un pensamiento libre y una acción autónoma. Resalta, aún más, el papel de la educación en el proceso de formación del juicio, que comprende la adhesión a unos valores, la adquisición de conocimientos y el aprendizaje de prácticas de participación en la vida pública.

La construcción del orden social implica una formación para la justicia, que es el núcleo de la educación moral de las conciencias; se trata de preparar a una ciudadanía activa en la que la responsabilidad de intervención y participación sustituya a la simple ciudadanía por delegación. La asimilación del sentido de la justicia abstracta (equidad, igualdad de oportunidades, libertad responsable, respeto a los demás, defensa a los más débiles, apreciación de la diferencia, entre otros) genera actitudes que predisponen a actuar de manera concreta en función de la justicia social y la defensa de los valores democráticos.

No se puede silenciar la desigualdad del hombre y la mujer en la educación. La finalidad de la educación democrática es el acceso político a todos los derechos políticos, mientras que el principio de equidad impone un esfuerzo particular para suprimir las desigualdades entre los sexos en materia de educación, puesto que constituyen la base de inferioridades duraderas que pesan sobre las mujeres toda su vida. Toca a la educación, en sus planos cognitivo, afectivo y práctico, inculcar a la vez el ideal y la práctica de la democracia. En este sentido, la educación para la democracia debe ser una educación para la política, que contrarreste el talante antipolítico prevaleciente en nuestras sociedades.

Incursionar en el terreno de la educación cívica desde la perspectiva de género significa incidir en una dimensión específica de la desigualdad social, que incluye la discusión sobre cuestiones como los derechos humanos, la toma de decisiones, la cultura política democrática y la participación en los asuntos públicos. Interesa especialmente el papel de la educación cívica, concepto amplio que abarca diversas denominaciones como educación ciudadana, moral o ética, y que se relaciona con la diversidad de contenidos (derechos humanos, educación política, habilidades ciudadanas, instrucción electoral, etc.) en la construcción de la ciudadanía de los hombres y las mujeres.

La educación, espacio de socialización especializado en el aprendizaje de las normas de convivencia social y códigos de comportamientos, es a la vez un espacio privilegiado para la construcción de la ciudadanía de los individuos y la producción de nuevos sentidos sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en los distintos escenarios públicos y privados.


Políticas públicas: tomar decisiones en educación

Jacques Delors, quien presidió la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, sostiene que la educación tiene por función esencial el desarrollo continuo de las personas y las sociedades, como una de las vías más importantes, y que las políticas educativas son una estructuración privilegiada de las personas, las relaciones entre individuos, entre grupos y naciones(3).

La educación conlleva la toma de decisiones difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y calidad de los sistemas educativos. Las decisiones educativas interesan y afectan al conjunto de la sociedad, por lo que exigen la apertura a un debate democrático sobre los medios y fines de la educación.

Sin duda, la educación es un bien de carácter colectivo y corresponde al Estado regularla y crear un consenso nacional sobre ella, establecer una coherencia general y proponer una visión a largo plazo. No obstante, en tanto las opciones educativas son opciones de sociedad, se impone un debate público y la inclusión de propuestas y puntos de vista de la sociedad en las políticas educativas.

Es necesario introducir factores de dinamismo en los mecanismos de la gestión educativa e incluir a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones, no sólo considerando la dimensión técnica de la educación, sino desde la perspectiva política y de género.

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, es una necesidad impostergable el diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que, entretejidas por el género y objeto de aprendizaje social, favorecen la discriminación femenina.

Urge desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y, sobre todo, impulsar una educación igualitaria. Para eliminar las desigualdades sociales entre los sexos se deben considerar los presupuestos culturales y sociales que han impedido la igualdad. De ahí que la perspectiva de género, como marco para explicar las razones y los orígenes culturales del problema de las mujeres y de las relaciones sociales entre los sexos, sea indispensable para desarrollar programas y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas destinadas a subsanar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

La perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al establecer condiciones más equitativas para la participación en la vida social. Las políticas públicas tienen que ver con la participación, es decir, con la relación que la ciudadanía establece con el Estado. Al decir de Marta Lamas, dos elementos se deben articular para que un problema social se vuelva objetivo de las políticas públicas: es necesario que la situación sea reconocida como problema público que requiere atención gubernamental y que sea objeto de demanda de la sociedad. Ni la dimensión objetiva del problema ni su gravedad producen por sí mismas su resolución; son las insatisfacciones sociales y la movilización ciudadana que generan estos problemas las que obligan a elaborar propuestas de políticas públicas(4).

En todas las decisiones que se adopten en materia de educación debe predominar el principio de igualdad de oportunidades. La educación para la democracia requiere tanto de políticas públicas que la promuevan como de acciones afirmativas, a través de las cuales se instrumenten medidas especiales y temporales destinadas a proporcionar ventajas y oportunidades a favor de las mujeres para lograr el principio de igualdad en la realidad.

El debate actual acerca del papel de la educación en la construcción de los sujetos en las sociedades democráticas, además de insistir en la necesidad de de construir y reconstruir lo que sucede al interior de las prácticas educativas para explicarlas y transformarlas, señala el imperativo de diseñar y desarrollar políticas públicas que conduzcan a la equidad social entre los géneros.

La calidad de la democracia está íntimamente ligada a la calidad de la educación. En tanto el problema de la calidad y la igualdad de oportunidades ya no radica en el acceso y cobertura al sistema educativo, sino más bien en sus modos y prácticas que reproducen la desigualdad social que parte de la diferenciación sexual, es imprescindible volver la mirada a lo que ocurre al interior de las experiencias y prácticas educativas concretas, para analizar y transformar las modalidades de enseñanza, los contenidos y las prácticas; particularmente las que tienen que ver y se articulan con la educación cívica.

La práctica de la negociación y la concertación constituye en sí misma un factor de aprendizaje democrático en la gestión educativa y en la vida escolar. Habría que aprovechar esto en el diseño de las mismas políticas públicas educativas.

DEMOCRACIA

Wikipedia

La democracia es un régimen político en el que la soberanía reside en el pueblo y es ejercido por éste de manera directa o indirecta. La palabra democracia literalmente significa "gobierno del pueblo".

Más concretamente, la democracia es una forma de gobierno en la cual, en teoría, el poder para cambiar las leyes y las estructuras de gobierno, así como el poder de tomar todas las decisiones de gobierno reside en la ciudadanía, pues tanto el gobierno central como los seccionales son legitimados por la voluntad soberana, radicada en el pueblo, a través del voto. En un sistema así, las decisiones tanto legislativas como ejecutivas son tomadas por los propios ciudadanos (democracia directa)y/o por representantes escogidos mediante elecciones libres, que actúan representando los intereses de los ciudadanos (democracia representativa)

En la práctica, en la historia inicial de la democracia primó la componente directa (dado que se originó en la Antigua Grecia, más concretamente en la ciudad estado de Atenas, donde por la poca cantidad de ciudadanos resultaba mas facil llegar a una opinion generalizada o consensos entre todos los ciudadanos), pero en la actualidad todos los sistemas democráticos del mundo son principalmente de tipo representativo.

Esta definición general tiene algunos matices. No todos los habitantes de un determinado municipio, región o estado democráticos participan en la política, sino sólo aquellos que ostentan de pleno derecho la condición de ciudadanos, y dentro de éstos, sólo aquellos que eligen participar, generalmente mediante el voto en unas elecciones libres o cualquier otro proceso electoral como el referéndum.


Cultura democrática

En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática, la introducción de elecciones libres por sí sola raramente ha sido suficiente para llevar a cabo con éxito una transición desde una dictadura a una democracia. Es necesario también que se produzca un cambio profundo en la cultura política, así como la formación gradual de las instituciones del gobierno democrático. Hay varios ejemplos de países que sólo han sido capaces de mantener la democracia de forma muy limitada hasta que han tenido lugar cambios culturales profundos, en el sentido del respeto a la regla de la mayoría, indispensable para la supervivencia de una democracia.

Uno de los aspectos clave de la cultura democrática es el concepto de "oposición leal". Éste es un cambio cultural especialmente difícil de conseguir en naciones en las que históricamente los cambios en el poder se han sucedido de forma violenta. El término se refiere a que los principales actores participantes en una democracia comparten un compromiso común con sus valores básicos, y que no recurrirán a la fuerza para obtener o recuperar el poder.

Esto no quiere decir que no existan disputas políticas, pero siempre respetando y reconociendo la legitimidad de todos los grupos políticos. Una sociedad democrática debe promover la tolerancia y el debate público civilizado. Durante las distintas elecciones o referéndum, los grupos que no han conseguido sus objetivos aceptan los resultados, porque se ajusten o no a sus deseos, expresan las preferencias de la ciudadanía.

Especialmente cuando los resultados de unas elecciones conllevan un cambio de gobierno, la transferencia de poder debe realizarse de la mejor forma posible, anteponiendo los intereses generales de la democracia a los propios del grupo perdedor. Esta lealtad se refiere al proceso democrático de cambio de gobierno, y no necesariamente a las políticas que ponga en práctica el nuevo gobierno

Argumentos a favor y en contra de la democracia
Ignorancia popular

Una de las críticas comunes a la democracia es la que alega una supuesta ignorancia de la ciudadanía acerca de los aspectos políticos, económicos y sociales fundamentales en una sociedad. Esta ignorancia haría que las decisiones tomadas por la gente fueran erróneas en la mayoría de los casos, al no estar basadas en conocimientos técnicos. Sin embargo, los defensores de la democracia argumentan que la ciudadanía no es ignorante, y achacan ese tipo de críticas al interés que tienen las clases poderosas de anteponer el autoritarismo y la tecnocracia a los intereses de la gente.

Este argumento suele ser esgrimido también por la clase política para descalificar los resultados de referénda y elecciones legítimas y también en contextos en los que se plantean reformas en busca de una profundización hacia formas de democracia más participativas o directas que la democracia representativa.

En cualquier caso, en todas las sociedades en las que es posible el debate público, se asume que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, pues conlleva siempre una cierta aceptación del gobierno por parte del pueblo al haber sido elegido por éste. Desde los principios democráticos se considera que todo pueblo tiene derecho a equivocarse y que siempre es mejor cuando el error es asumido como propio por la sociedad que no cuando éste es culpa de unas pocas personas expertas, que podrían a pesar de todo equivocarse, o incluso actuar según intereses políticos ajenos a la mayoría de ciudadanos.

Puede argumentarse también que la ignorancia se traduce en las elecciones en abstención, por lo que es poco probable que tenga un peso real en la toma de decisiones (esto no es cierto en los países en que todos sus ciudadanos están obligados a votar, aquí la ignorancia sí desempeña un papel más importante).

Aunque a efectos de cuantificar el grado de ignorancia popular a través de la abstención, se considera que la abstención recoge tanto los votos de quienes se dicen desconocedores de temas políticos (apolíticos) como de aquellos a quienes no les satisface el sistema en sí o ninguno de los candidatos o partidos que se presentan, por lo que muchas veces es difícil separar la abstención por ignorancia de la abstención de protesta.

El insoportable peso de Chiapas

ENRIQUE SEMO
FRACTAL, REVISTA TRIMESTRAL

Democracia y sociedad:
Frente a la visión limitada de la democratización como una reforma del Estado, reforma de la Constitución o pluralismo partidista, el EZLN propone una democracia que se construye desde abajo, que se desarrolla organizando a la sociedad civil y que se afirma cuestionando globalmente la relación existente entre gobernantes y gobernados. Organizativamente hablando, frente a la propuesta del partido político, inserto en el Estado, propone el movimiento social enraizado profundamente en la oposición.

De ahí el concepto de "mandar obedeciendo", que sintetiza su visión de la relación entre dirigentes y dirigidos; su oposición a luchar por el poder, que revela su vocación de oposición histórica que se propone cambiar a la sociedad desde su mismo seno; su reticencia a colaborar con los partidos políticos de cualquier signo, que reafirma la decisión de seguir siendo un movimiento social; y su principio de "todo para todos, nada para nosotros", que sintetiza el principio moral humanista en el cual funda su concepción política.

La propuesta ha tenido un gran impacto en la imaginación de grandes sectores y éxito político en las comunidades indígenas ligadas al EZLN y algunos centros aislados. Pero tres intentos de construir un movimiento nacional pacífico basado en esos principios han fracasado. Fuera de Chiapas, el EZLN sigue siendo un poderoso líder de opinión sin presencia política propia. Por ahora no ha logrado formar, ni en el campo ni en la ciudad, un interlocutor que, no siendo guerrilla, responda a sus principios y su dirección. Así, el intento de exportar su experiencia chiapaneca no ha tenido éxito. Todo indica que en las condiciones actuales del país una coordinadora de ONG y de movimientos sociales bajo la dirección de los zapatistas es imposible o sería una organización extraordinariamente sectaria y reducida.

Pero si bien el EZLN no logra resolver aun el problema de su transformación en una organización democrática no armada e inscrita en la legalidad, nadie puede negar sus contribuciones directas al proceso democratizador del país.

Veamos sólo un ejemplo de los primeros meses de su historia. El sexenio salinista fue de reformas económicas aceleradas y de retroceso democrático. No sólo fueron ilegítimas las elecciones de 1988, sino que pese a sus declaraciones de que la era del partido de Estado había concluido, no fue sino hasta finales de 1993 cuando introdujo una tímida reforma electoral. Durante esos seis años, la transición a la democracia se detuvo.

La irrupción del EZLN en la escena fue un grito contra el recrudecimiento del autoritarismo y el ilusionismo económico y su efecto inmediato y vitalizador. Pocos días después, unos cien mil participantes de la "marcha de la paz en Chiapas" abarrotan el zócalo. El 27 del mismo mes y a iniciativa del gobierno, se firma un primer acuerdo entre los partidos para discutir una reforma electoral. Dos meses más tarde, Salinas abandona su política de hostigamiento contra el PRD y se aprueba un documento que influyó positivamente en las elecciones de 1994.

En los meses que siguieron, se consolida un pacto tácito entre el EZLN y lo que más tarde se ha dado en llamar la sociedad civil. La exigencia de paz confluye con la de democracia. El EZLN usa las ONG como escudo contra la agresión armada y éstas lo aprovechan como ariete contra la cerrazón autoritaria. Desde entonces, la confluencia se ha repetido varias veces. Pero esa alianza con las ONG que otorgan una solidaridad entusiasta, negándose sin embargo a tomar la vía de la lucha armada, trastorna el proyecto zapatista que en su origen era el del cambio por esa vía. El democratizador a pesar de sí mismo se transforma en democratizador consciente. El EZLN impulsa el proceso democratizador y es a su vez transformado por éste.

Otro de los problemas que plantea la experiencia chiapaneca es el de la relación entre democracia y violencia o, en otros términos, la legitimidad y la viabilidad de la lucha armada en la actual transición a la democracia. Hay quien considera que entre violencia armada y democracia existe una contradicción insoluble. La historia no les da la razón. En el origen de la democracia hubo momentos de violencia necesaria. La democracia norteamericana sólo pudo consolidarse con la ayuda de una larga guerra de liberación contra el absolutismo inglés, y la francesa le debe mucho a la toma de la Bastilla por el pueblo de París y a la guerra contra la intervención extranjera. La de Centroamérica hubiera sido imposible sin marxistas-leninistas que desgastaran la soberbia de las oligarquías locales. Luego, la democracia ha debido ser defendida con las armas en la mano, como en la guerra civil española o en la resistencia contra la ocupación fascista en Europa Occidental.

Es verdad que a finales del siglo XX se produjeron varias transiciones de regímenes autoritarios a la democracia sin derrame de sangre. Pero también es cierto que México no pertenece a ellas. Es ocioso discutir sobre la fecha de inicio de la transición en nuestro país. Pero ya sea 1968, 1979 o 1996, la lucha armada ha estado presente en una parte del país. Y todo indica que entraremos al siglo XX con varios grupos guerrilleros actuando en por lo menos cuatro estados.

Lo notable en México es la persistencia de la lucha armada. Pese a que entre 1964 y 1994, todos los brotes fueron derrotados militarmente, la guerrilla como fenómeno social se mantiene y si bien su presencia ha sido siempre local, su influencia en la política nacional ha sido importante en varias ocasiones.

Clara y repetidamente la mayoría de los mexicanos se han manifestado por una transición pacífica, por la ampliación de la democracia por medios no violentos. Pero también hay sectores que no pueden soportar el deterioro social y la persistencia de viejas formas de opresión y optan por la rebelión armada. El dilema que nos persigue a todos es el mandato mayoritario de abrir cauces a la democracia por la vía pacífica y el grito angustioso de los más humillados y ofendidos por el cambio, aquí y hoy. Y el dilema sólo puede ser superado con un cambio radical en la política económica y social. Y aquí llegamos al segundo tema porque, en México, democratización y globalización neoliberal se interpretan de tal manera que intentar separarlos es la más ingenua y la más fútil de las ilusiones.

También en este terreno el EZLN introduce una innovación. Apenas apagado el fragor de la batalla, el zapatismo intuye que la lucha armada y la toma del poder no son el único camino a la transformación social. Marcos se deslinda de las guerrillas pasadas que decían: "Hay que deshacerse de esta clase de gobierno y poner en su lugar a otra clase". Afirma por lo contrario que el sistema político no puede ser resultado de la guerra y que ésta sólo debe de servir para abrir espacios democráticos. "No fuimos a la guerra el 1 de enero para matar o para que nos mataran, fuimos para que nos oyeran", dirá ya desde esos días. Más tarde, en el momento en que aceptan negociar, los rebeldes entran en el camino de su transformación en fuerza política y su desaparición como organización armada.[…]

Contra la democracia

Javier Flores
La Jornada

Si alguna virtud tuvieron las elecciones del 2 de julio de 2006 es que dejaron al descubierto aspectos que normalmente se encuentran ocultos. Lo primero que hay que destacar es que la democracia mexicana es una falacia. Es la zanahoria que el poder pone por delante. Un concepto que han enseñado a todos a venerar (exitosamente), sean de izquierda, centro o derecha, pero que es una aberración. Ni aun en su forma más pura está exenta de anomalías. La democracia representativa, por ejemplo, anula la individualidad.

Además hay que examinar el discurso: avanzamos hacia la democracia, México evoluciona hacia la democracia, perfeccionamos nuestra democracia, creamos instituciones para arribar a la democracia. Casi nadie se detiene a pensar que estas frases implican la aceptación de que no hay democracia; apenas vamos hacia allá. ¿Por qué nos quejamos de un fraude, si apenas estamos construyendo una democracia que no tenemos?

Además, cada vez que se crean nuevas instituciones para "avanzar hacia la democracia" surgen simultáneamente en México formas más sofisticadas para burlarla. No es más que una trampa que cada vez sale más cara. Una fachada para ocultar el control sobre los mexicanos. Es un teatro, una representación... Una tontería.

La maldad domina al mundo. Me permito recurrir a un argumento moral. Yo sí creo que hay un bien y un mal. Y el bien se la quiere pasar, como su nombre lo indica, bien. Y el mal se dedica a la política para controlar a los demás. Veamos la democracia más representativa del planeta: Estados Unidos de Norteamérica. Una ciencia dedicada a la producción de armas cada vez más sofisticadas, la guerra como estandarte. Todos los días vemos fotografías de niños despedazados; madres, padres y abuelos llorando, ciudades destruidas, vejaciones físicas y torturas, hoy respaldadas por las leyes, todo en nombre de la democracia. El mal pretende adueñarse del mundo en el siglo XXI y su bandera es la democracia.

Y los políticos mexicanos, sin vergüenza alguna. Socios del mal. Empleados, sirvientes, lacayos, achichincles, hombres alfombras del poder mundial. Su misión consiste en que México esté acorde con los intereses del mal. En las campañas electorales la mentira como argumento. Dinero a raudales, el odio como razón, la amenaza, el miedo. Votos a cambio de cubetas de plástico, libros de texto prohibidos, control y monopolio de la información, fomento y utilización de la ignorancia... pero seguimos construyendo así nuestra democracia.

Autoridades electorales títeres, el cinismo, la trampa, la burla, la quema de votos para anular pruebas; así construimos la democracia con las instituciones que "tanto han costado a los mexicanos". Un Poder Judicial que muestra que no existe la división de poderes, que renuncia a su independencia, jueces que se compran y se venden, imposición. ¿Qué les van a decir a los estudiantes de derecho que aspiran a ser como ellos?

Periodistas vendidos que ocultan deliberadamente la información. ¿Con qué cara se van a presentar ante los estudiantes de periodismo y comunicación? La información hay que ocultarla, unas cosas sí y otras no. ¿Eso les van a decir? Son una vergüenza para esa noble profesión. Corrupción a raudales por todas partes. Todo para mantener un orden en nombre de la democracia.

Intelectuales sometidos al poder por su gusto o por sus intereses; cínicos, una vergüenza para México. Incapaces de mantener una distancia mínima frente al poder, pero contribuyen así al avance de nuestra democracia... y se la creen.

El saqueo del país, que pareciera no tener límites, empresas monopólicas que se escudan en nuestra necesidad imperiosa de generar empleos, los peor pagados del mundo, explotación sin límites.

La educación básica en el más bajo nivel a escala mundial, compatible con la ignorancia y el oscurantismo.

Se trata de una tiranía que actúa en nombre de la democracia.

La democracia apesta.

50 años del derecho al voto para las mexicanas

¿Seguir luchando bajo modelos masculinos o crear democracias participativas feministas?

Victoria Sendón de León
Triple Jornada

-- La democracia representativa no es suficiente, en su corrompida partidocracia los aportes políticos de las mujeres no resultan significativos
-- La visión masculina del poder nos impone la barbarie una y otra vez
-- El reto político no son carguitos o puestos en la cueva de Alí Babá sino inaugurar una forma nueva y singular de hacer política

Algo se está moviendo respecto al concepto mismo de Democracia en el sentido de que la representatividad nos resulta ya muy insuficiente. Y más si este simulacro de representación se mira desde la perspectiva de las mujeres. Simplemente: no estamos ni siquiera representadas en las instituciones que se supone actúan, legislan y aplican las leyes en nombre de la ciudadanía. Cada vez se repite más el antiguo lema feminista de "NO en mi nombre". Los gobiernos del mundo no pueden seguir amparándose en nuestro voto, en la democracia o esgrimiendo la legitimidad que suponen les respalda, para legislar a favor de las transnacionales, de la libertad para el capital y la consiguiente explotación de trabajadores y, sobre todo, de trabajadoras en condiciones repugnantes para la inteligencia y la sensibilidad humanas.

La democracia representativa con su separación de poderes, tal como la definió Montesquieu, no es suficiente para el siglo XXI por una serie de abusos legitimados que ya no son de recibo.

Participación frente a representación

El monopolio del poder no puede seguir en manos de estados que ya no garantizan la justicia ni la libertad para los ciudadanos. Es la hora, pues, de nuestra participación activa en unas democracias cuya representatividad es tan deficiente.

La participación debe nacer desde las bases, desde la población civil organizada. De hecho, está organizandose en la medida en que se toma conciencia de lo que a significa la globalización económica del capital sin fronteras. Correlativamente, también los movimientos "anti" son globales porque saben que no es ajeno lo que sucede en cualquier parte del mundo. Traspasan fronteras, razas, naciones y sexos porque intuyen que todos navegamos en el mismo barco. La cuestión ahora para las mujeres feministas es dilucidar si los modelos de la lucha siguen respondiendo a un patrón político masculino o si nosotras podremos aportar algo propio a esa lucha; algo que estaba por descubrir, por visibilizar, por manifestarse. Y ésta constituye actualmente una de las tareas teóricas más importante para el Movimiento.

Ese dato no (in)diferente

Ahora, que hace 50 años que las mujeres obtuvimos el derecho al voto en México, el balance no puede ser más desalentador. Hemos cumplido con nuestro deber ciudadano en todos los procesos electorales y, no obstante, nuestra representación en las diversas instituciones políticas es ridícula. Sólo ocupamos del 3,5 de las Presidencias Municipales, el 10% en los congresos Locales y el 17% en el Congreso de la Unión. ¿Qué reflexión nos provoca estos datos?

El dato no indiferente y, por tanto, diferente y significativo sería la participación activa en la política de las mujeres organizadas. Pero, no organizadas para conseguir un carguito o un escaño según el esquema maquiavélico que domina, sino desde la conciencia clara del reto que supone participar en la "polis". Para esto hemos de partir de un análisis de causas y efectos que no suele tenerse en cuenta.

No es que el capitalismo imperialista nos haya llevado a esta situación de barbarie, sino que la barbarie, la explotación, la destrucción y la mentira provienen de un esquema anterior que es el propio del Patriarcado, y que tiene su fundamento en la dominación, misma que convierte toda diferencia en desigualdad, empezando por la diferencia entre los sexos. Al interior de esta estructura, exacerbada en estos momentos históricos, somos las mujeres quienes estamos resistiendo a la barbarie gracias a esa entrega incondicional a los "nuestros" y gracias a los saberes domésticos que hemos ido acumulando, y que en muchos casos convierten la miseria en una pobreza digna de comer caliente cada día o de recibir el amor y los cuidados que necesitamos tanto como el pan. Pero no basta.

Nuestro ancestral alejamiento de lo político provoca el que sigamos recluyéndonos en lo doméstico, así como nuestra dedicación a las relaciones emocionales nos inclinan hacia la privacidad. Esa ha sido la mejor estrategia del Patriarcado para mantenernos desactivadas. Pero es precisamente nuestra experiencia doméstica y psicológica la que la política activa está hoy necesitando, porque los políticos no ven más allá de las macroestructuras y de la economía de los grandes números. No reparan en las personas, en sus necesidades concretas, en su bienestar material y psicológico. Y por este camino el mundo ha ido cayendo en una barbarie que la visión masculina del poder nos impone una y otra vez.

Conseguir transformar nuestros saberes domésticos en saberes aplicados a lo político va aparejado a una ampliación de nuestro enfoque desde los "temas de mujeres" o familiares hasta la circularidad de los temas generales que a todos nos afectan. Ya no es imprescindible que las mujeres feministas tengamos que adherirnos a un partido o a movimientos sociales dirigidos por hombres para participar en política en nombre propio y en nombre de otras muchas mujeres.


Motivos para una iniciativa propia

Muchos analistas políticos están ya vislumbrando que la política del futuro pasa necesariamente por las mujeres. De hecho, las mujeres del mundo pobre son las que están manteniendo la supervivencia de sus pueblos, así como la educación de sus criaturas, la resistencia en las guerras o la protección en los campos de refugiados. Las ollas comunes en Latinoamérica, las escuelas clandestinas en Afganistán, las microempresas en la India o la búsqueda infatigable de los desaparecidos son y han sido iniciativas de mujeres, porque allí donde hay una mujer hay civilización, es decir, humanización de lo cotidiano.

Al mismo tiempo, la política llamada institucional se está convirtiendo cada vez más en la cueva de Alí Babá. Mucha gente llega a la política para medrar, para enriquecerse o para tener un poder personal. Cada vez los partidos están más corrompidos por intereses crematísticos, y cada vez existen más corruptores de políticos para llevar a cabo sus oscuros negocios. Resultado de todo ello es que las políticas públicas dedican menos y menos recursos a los servicios de la ciudadanía o privatizan empresas que antes eran estatales. Esto perjudica especialmente a las mujeres en el empleo, en la sanidad o en la educación.

Tampoco la democracia representativa es suficiente porque en muchos casos los políticos no nos representan, sino que se representan a sí mismos o a los intereses de sus partidos, de modo que dicha democracia se ha transformado en una partidocracia. En esta las mujeres políticas tienen muy poco poder al interior de sus partidos, poder que siempre detenta un núcleo duro formado por varones. Lo más que alcanzan es algún cargo que otro, algún escaño que otro, pero sin que esto sea significativo en la política general de un país.

Sin duda que los varones tienen muchos más cauces de participación política que nosotras las mujeres, de ahí que organizaciones propias de mujeres sean más necesarias que nunca, pero no para seguir los mismos derroteros que la política institucional, sino para que el modo de hacer política inaugure un modelo nuevo con características singulares, que consistiría en trasladar todos nuestros saberes domésticos y privados a la propia política, porque lo personal también es político.

Sin embargo, nosotras tendríamos que cambiar anquilosadas perspectivas, pues hasta ahora las mujeres activas han trabajado en temas que se consideran "exclusivamente de mujeres", dejando lo demás en manos de sindicatos o partidos políticos, pero los temas de mujeres son todos, pues nos afectan por igual la economía que la ecología, el urbanismo o la seguridad. Igualmente podríamos desligarnos de las definiciones estereotipadas de izquierdas o derechas, porque si bien el movimiento feminista es sin duda progresista, no estamos a la derecha ni a la izquierda: estamos delante. Y estamos delante porque el mundo del siglo XXI no puede seguir siendo gobernado con esquemas ideológicos del siglo XIX.

Un modo nuevo y propio de hacer política podría centrarse en la política local, que es la más cercana al ciudadano. Pero no desde la simple iniciativa de formar una candidatura electoral, sino desde otros presupuestos que la hagan posible y eficaz. Una candidatura que se fundamente en una democracia participativa trasversal, no jerárquica, pero sí organizada, pues la falta de organización se convierte en una especie de dictadura del compadreo y de los caprichos personales.

Otra característica de una política de mujeres sería la de establecer relaciones horizontales entre las participantes. Relaciones que implican amistad y confianza en lugar de los clanes de interés que forman los varones. Y en contraposición a su parapetarse tras unas siglas, el grupo debería tomar muy en serio la formación de cada una de las participantes, la formación continua que requiere la noble dedicación a la política. Todo el tiempo que pierde la partidocracia en reuniones inútiles y estrategias intrigantes sería un tiempo precioso para dedicarlo a la formación propia de las candidatas. Las revoluciones han fracasado porque no ha existido un correlato entre el ideal de sociedad que se pretendía y la altura moral y psicológica de quienes pretendía llevarla a cabo.

Lo que resta no es más que una entrega apasionada a la acción, al contacto directo con la gente, en lugar de confiar toda estrategia a la publicidad electorera que sólo promete y luego olvida sus compromisos.

La desconfianza

Javier Sicilia
PROCESO

[…]La democracia es el poder del pueblo ejercido a través de leyes representadas por un cuerpo legislativo. Por desgracia, ese cuerpo ha perdido la confianza de la gente, porque la ley sólo se ha usado para sostener los intereses de los partidos y del Ejecutivo. Estamos, por lo tanto, en un régimen que avanza hacia la dictadura disfrazado de democracia y de legalidad. La única manera de salir de él es poner la ley por encima de los gobernantes, de los gobiernos y de los partidos, y devolverle al pueblo la confianza en las instituciones que lo representan. Para ello es necesario una nueva Constitución que represente a todos y que permita, mediante nuevos mecanismos –un Parlamento al servicio de la gente, la segunda vuelta en las elecciones, el plebiscito, el fortalecimiento del campo y de las economías locales, el límite a los grandes emporios del dinero y las figuras jurídicas que permitan a los pueblos organizarse por sí mismos–, regenerar la confianza de todos. Mientras tanto, sólo nos aguardan el descontento, la protesta, la represión y la continuidad de esos maestros de las virtudes simuladas que han hecho todo lo necesario para que las palabras “partido” y “gobierno” sean un símbolo de burla, desconfianza y miedo.[…]

Presencia y representación: las formas complejas de la vida política

Por Françoise Collin
MUJERES EN RED

Constituir un mundo común que asuma la pluralidad, una pluralidad que no sea la pluralidad de los mismos sino la pluralidad de los diferentes -puesto que igualdad no significa identidad-: tal es el objeto de la democracia cuyas modalidades Hannah Arendt ha redefinido ampliamente frente la catástrofe totalitaria-. Puesto que la democracia no es un hecho, que sería garantizado por una declaración fundadora: es una realidad en movimiento siempre imperfecta que no cesa de deber ser interrogada, contestada y redefinida en nombre mismo de su principio.

Reposa sobre un diálogo permanente en el que cada uno, cada una, debe poder hacer oir su voz: voz que no puede ser reducida al solo ritual de la práctica electoral. La urna en efecto no es una urna funeraria donde irían a morir las voces de los electores: quien da su voz en un voto guarda su voz. La vida ciudadana no se agota en la representación.

La democracia, a pesar de su nombre (el poder del pueblo), está fundada, tanto en la forma de la democracia directa de la Grecia antigua como en la forma de la democracia representativa moderna, en la exclusión de la mitad del pueblo, a saber, de las mujeres. Su acceso a la ciudadanía es en efecto reciente. Data, concretamente, de la segunda mitad del siglo XX. Puesto que incluso la instauración del “sufragio universal” les excluyó sin vergüenza de este “universal”.

Desde el punto de vista del estatuto de la mujer, durante largo tiempo no ha existido gran diferencia entre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. La reivindicación de las occidentales sobre el control de la fecundidad en los años 70 ha sido el detonante de un proceso transformador irreversible pero que no es automático y necesita de parte de cada una y de todas una vigilancia constante para su desarrollo: el progreso no es nunca automático y los avances se vuelven a cuestionar constantemente o son desviados de su mira en provecho de objetivos inicialmente imprevistos. (Como la reivindicación -percibida como escandalosa- de las feministas: “un hijo, si yo quiero, cuando quiera” gracias a la contracepción y al aborto, ha sido recuperada para procedimientos científico-técnicos de forma eugenista que plantean nuevos problemas, necesitando nuevas reflexiones y nuevas iniciativas.)

Tanto la democracia ateniense directa del Siglo V a.c. como la democracia moderna están fundadas, en efecto, sobre la definición del pueblo (démos) que excluye a las mujeres o que sólo las incluye a título indirecto como hijas o como esposas de ciudadanos, y no como ciudadanas por derecho propio. El gran movimiento de emancipación que se desarrolla en el siglo XVIII en nombre de la Razón universal de las Luces, que plantea la autonomía de cada uno, deja también a las mujeres bajo tutela intelectual, social y jurídica. Incluso los niños que traen al mundo no les son acreditados: alimentan la línea paterna, tomando el nombre del padre y dependiendo de su autoridad. Como han subrayado los antropólogos (de Levi-Strauss a Françoise Héritier) el patriarcado ha sido la única estructura que conoce la familia a través de los siglos -(Lo que se denomina algunas veces matriarcado indica solamente que la línea pasa por los hombres de la familia materna). Y el ideal de fraternidad democrática, puramente viril -el fratriarcado- es una reinterpretación de este patriarcado.[…]