Educar para la democracia

Teresa González Luna Corvera

La educación para la democracia, gran desafío de todas las sociedades, trasciende las fronteras locales, nacionales e internacionales, y desdibuja asimismo las fronteras entre el aula y el mundo. El proceso educativo se prolonga fuera de la escuela con experiencias de aprendizaje cotidianas y estableciendo vínculos entre los contenidos escolares y la vida pedagógica de las personas.

La consolidación y el desarrollo de la democracia dependen no sólo del conocimiento de los valores democráticos, sino también y de manera decisiva del aprendizaje y puesta en práctica de los mismos. Inculcar a la vez el ideal y la práctica de la democracia, así como revertir el desafecto creciente de los ciudadanos por los asuntos públicos, representa un desafío tanto para el sistema político como para el sistema educativo nacional.

Si bien este tema demanda la concurrencia de diversas disciplinas y su exploración desde distintos ángulos o puntos de vista, dada su amplitud y complejidad comprende dimensiones generales que se constituyen en fértiles puntos de partida para tratar acerca de la educación para la democracia. Entre estos ejes analíticos que animan la reflexión se incluyen la perspectiva de género, la educación cívica y las políticas públicas.

La perspectiva de género en la educación

Educar para la democracia obliga a incluir la perspectiva de género en la educación y enfocar la mirada a las construcciones culturales, sociales e históricas que, sobre el dato biológico del sexo, determinan normativamente lo masculino y lo femenino; es decir, las representaciones simbólicas de la diferencia sexual que aluden a las diferencias sociales entre los sexos. Son las construcciones de género que condicionan la existencia de una valoración asimétrica para varones y mujeres en las relaciones de poder que entre ellos se establecen y dan lugar a mecanismos de subordinación y exclusión en perjuicio de la población femenina. Desde este enfoque es posible desentrañar la relación existente entre estas construcciones y el aprendizaje de los valores de la democracia por parte de las mujeres y los hombres durante sus experiencias educativas.

El proceso de socialización que tiene lugar en la escuela, cargado de poder de simbolización, está condicionado por el cruce de variables contextuales como son la pertenencia a un determinado grupo o clase social, raza y sexo, así como las condiciones geopolíticas y el ciclo de vida en que se encuentran los individuos. Si bien puede resultar más sencillo desenmascarar el mito de la igualdad en la educación cuando se hace referencia a otras variables, como la clase social, que al género de los individuos, se impone en la educación democrática la tarea de identificar y transformar las prácticas institucionales y las actitudes que generan y legitiman comportamientos discriminatorios por razones de pertenencia al sexo femenino o masculino; más aún cuando éstos se cristalizan en representaciones de la realidad social, en valoraciones y en la normatividad jurídica y social que regula la convivencia humana.

La constatación de la brecha existente entre la igualdad de derechos y las condiciones de hecho que obstaculizan la participación plena de las mujeres en la sociedad, da cuenta clara de la discriminación basada en el sexo de las personas. El sexismo expresa aquellas prácticas y actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de la diferenciación sexual.

Para explicar estas diferencias entre hombres y mujeres, que trascienden la realidad biológica y determinan sus funciones en la reproducción humana, el vocablo sexo resulta insuficiente. De ahí que la categoría de género surge en las ciencias sociales para dar cuenta del conjunto de símbolos, valores, representaciones y prácticas que cada cultura asocia con el hecho de ser hombre y mujer. Este concepto introduce una distinción entre el sexo biológico, con el cual nacemos, y el género, que culturalmente se nos asigna y adquirimos; es decir, nacemos hembra y varón (sexos biológicos), y la cultura nos transforma en mujer y hombre (géneros sociales).

Por su carácter mutilador, el sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, varones y mujeres, porque limita las expectativas de comportamiento social y de ciudadanía que existen para cada uno de ellos en un momento y lugar determinados. Sin embargo, es doblemente negativo para las mujeres, porque se devalúan sistemáticamente sus actitudes, comportamientos, juegos, aficiones y capacidades, lo que las lleva a interiorizar un lugar secundario y subordinado en la sociedad.

En México, al igual que en otros países del mundo, los mecanismos de exclusión y/o discriminación por razones de sexo en la educación ya no se sitúan en el acceso al sistema ni en su estructura formal, al menos en lo que toca a la cobertura de la educación básica que actualmente atiende de forma paritaria a niños y niñas Ahora, el debate sobre la igualdad de derechos y oportunidades en la educación se centra en la calidad y modalidades de la enseñanza, es decir, en el curriculum formal de los programas y en el curriculum implícito de las prácticas educativas.

Tanto los contenidos de la educación como la forma de transmitirlos, los cuales moldean la concepción que hombres y mujeres tienen de la realidad social, de sus normas de funcionamiento, de los valores y principios que organizan la convivencia humana, están permeados por el sistema de género. Este sistema, que norma, regula y jerarquiza las relaciones entre los sexos, determina la manera en que las personas se representan a sí mismas, el desarrollo de sus motivaciones y las expectativas que tienen sobre su vida futura, en las que se incluye la ciudadanía. Así, como afirma Steven G. Smith, la distinción de género se entromete en el proyecto democrático como una mancha oscura(1).

Desde este enfoque resulta pertinente identificar y analizar en el curriculum explícito y en el curriculum oculto el discurso de la igualdad que ha llevado en todos los niveles educativos, de manera especial en la educación básica, al desarrollo generalizado del modelo masculino, que supone para las mujeres una posición secundaria. No se trata de discutir las diferencias biológicas, sino la interpretación y el significado que culturalmente se ha dado a las mismas, particularmente en el terreno de la educación y en los procesos de socialización que ahí tienen lugar.

Introducir la perspectiva de género en el análisis y la transformación de las acciones educativas, además de remitir a la estructura formal de los sistemas educativos y a los programas formales, conduce necesariamente a identificar desigualdades sociales entre hombres y mujeres que se expresan y se mantienen en una variedad de aprendizajes que tienen lugar en las interacciones que se producen cotidianamente en el espacio escolar. Son múltiples y complejos los elementos, las situaciones y los procesos que configuran las prácticas educativas, susceptibles de dar cuenta de cómo actúa el sistema de género en ellos.

Integrar la categoría relacional de género en el análisis y la reflexión de las prácticas educativas significa también adentrarse en la dimensión ética de la educación, es decir, en el terreno del aprendizaje y la construcción de valores de una cultura democrática. Se impone, por un lado, revisar críticamente la fundamentación pedagógica y el funcionamiento de las instituciones educativas, para eliminar los sesgos sexistas que se filtran de diversas maneras en las dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinales que conforman los procesos educativos, en cuyo desarrollo se juega el aprendizaje y la construcción de valores democráticos. De esta manera se podrá aportar al tránsito de la igualdad formal a la igualdad real de hombres y mujeres en nuestra sociedad y a los procesos de democratización social. Por otro lado, es menester investigar cómo la diferenciación sexual de los individuos y las desigualdades que conlleva intervienen en la conceptualización, el desarrollo y la práctica de cada uno de los valores, objetivos y finalidades de la educación para la democracia.

El sexismo en la educación es profundamente antidemocrático, tanto por lo que supone la discriminación de los individuos como por sus consecuencias en el conjunto de la sociedad. El predominio de los valores masculinos y el silencio y menosprecio de los femeninos crean un fuerte desequilibrio e iniquidad en el desarrollo de las sociedades. No basta con legislar cambios de conducta para lograr la igualdad; es necesario proceder desde la educación, toda vez que no es posible legislar cambios de actitud.

Eliminar el sexismo en la educación supone preparar el campo y aportar para transformaciones sociales y culturales profundas, puesto que implica la construcción de una democracia cotidiana vital, la apertura de los individuos hacia nuevas posibilidades y el cuestionamiento de las concepciones sobre todo lo social. Hombres y mujeres, niños y niñas, a través del aprendizaje podrán interiorizar nuevas maneras de percibir y de saber, construir nuevos valores y desarrollar una ciudadanía democrática.

La educación cívica: construir la ciudadanía

La educación para la democracia debe comenzar con un franco reconocimiento de las realidades: la democracia no está funcionando bien en la mayoría de los países de América Latina, particularmente en México, y todavía no descansa sobre sólidos cimientos de elementos culturales, eficacia y compromisos políticos. El desafío se plantea en términos de reformar y reforzar las instituciones democráticas y cambiar la cultura subyacente.

Para lograr una democracia más profunda y eficaz se impone cambiar la cultura y educar a la población para que espere, exija y se movilice por un gobierno transparente, sistemas de justicias accesibles y creíbles, la protección real de los derechos humanos, la equidad social entre los géneros y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

A decir de Larry Diamond(2), la educación cívica tiene tres tareas generales para cultivar la ciudadanía democrática: a) generar la demanda democrática, toda vez que es necesario el entendimiento de la democracia, con sus niveles y dimensiones, para su sostenimiento y mejora; b) desarrollar la capacidad de los ciudadanos de hacer que funcione la democracia, profundizarla y vigorizarla, y c) fomentar la gobernabilidad, para lo cual se requiere cuidar los valores, las normas y las prácticas que hacen a la democracia gobernable, apoyan a las autoridades democráticas y controlan la intensidad del conflicto político. Estas tres tareas se tensionan y refuerzan entre sí; juntas, generan los valores que caracterizan a la cultura democrática.

Corresponde a la educación cívica cultivar el conocimiento, los valores y las prácticas de la ciudadanía democrática, a través de la práctica (que es como mejor se aprende). El compromiso cívico es un hábito, una práctica, una serie de aptitudes y una forma de vida que se debe fomentar desde temprana edad. La democracia necesita capital social, densas redes de asociación, cooperación y participación activa en la vida social y política de la comunidad. Desarrollar este capital social en todos los niveles de la enseñanza es un objetivo clave de la educación cívica.

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad política, y el Estado por sí mismo no la puede garantizar. Sólo los ciudadanos, mediante la tolerancia mutua de sus diferencias y su respeto a la humanidad fundamental, pueden generar una sociedad en la que todos los ciudadanos sean respetados. Hombres y mujeres tienen derecho a la ciudadanía democrática, la cual abraza a cada ciudadano como miembro igual de la comunidad política. La ciudadanía democrática no surge espontáneamente, sino que se construye.

La educación debe dar a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad, de asumir su responsabilidad para con los demás de forma cotidiana. Desde su vida escolar, los niños y las niñas deben conocer sus derechos y obligaciones, desarrollar sus competencias sociales, trabajar en equipo, descubrir al otro(a) en contextos de igualdad y aceptar la diversidad. No se trata de una alfabetización política elemental, es decir, del aprendizaje del ejercicio de la función social con arreglo a códigos establecidos, sino de hacer de la escuela un modelo de práctica democrática que permita a los alumnos(as) entender, a partir de problemas concretos, sus derechos y deberes.

El objetivo básico de la educación democrática es el acceso político a todos los derechos políticos. Se trata de brindar los medios para el ejercicio de una ciudadanía consciente y activa, de transformar la diversidad en un factor de entendimiento, de ayudar a construir el sistema de pensamiento y de valores de cada individuo con apertura intelectual, para que tenga la capacidad de interpretar los hechos más importantes relacionados con su destino personal y colectivo. Asimismo, los programas de educación cívica deben propiciar prácticas educativas que conduzcan a los niños a tener en cuenta otros puntos de vista y a debatir sobre dilemas morales o sobre casos que exijan decisiones de carácter ético

La educación cívica no es neutra; por el contrario, plantea problemas de conciencia, por lo que supone el desarrollo de una capacidad crítica que permita un pensamiento libre y una acción autónoma. Resalta, aún más, el papel de la educación en el proceso de formación del juicio, que comprende la adhesión a unos valores, la adquisición de conocimientos y el aprendizaje de prácticas de participación en la vida pública.

La construcción del orden social implica una formación para la justicia, que es el núcleo de la educación moral de las conciencias; se trata de preparar a una ciudadanía activa en la que la responsabilidad de intervención y participación sustituya a la simple ciudadanía por delegación. La asimilación del sentido de la justicia abstracta (equidad, igualdad de oportunidades, libertad responsable, respeto a los demás, defensa a los más débiles, apreciación de la diferencia, entre otros) genera actitudes que predisponen a actuar de manera concreta en función de la justicia social y la defensa de los valores democráticos.

No se puede silenciar la desigualdad del hombre y la mujer en la educación. La finalidad de la educación democrática es el acceso político a todos los derechos políticos, mientras que el principio de equidad impone un esfuerzo particular para suprimir las desigualdades entre los sexos en materia de educación, puesto que constituyen la base de inferioridades duraderas que pesan sobre las mujeres toda su vida. Toca a la educación, en sus planos cognitivo, afectivo y práctico, inculcar a la vez el ideal y la práctica de la democracia. En este sentido, la educación para la democracia debe ser una educación para la política, que contrarreste el talante antipolítico prevaleciente en nuestras sociedades.

Incursionar en el terreno de la educación cívica desde la perspectiva de género significa incidir en una dimensión específica de la desigualdad social, que incluye la discusión sobre cuestiones como los derechos humanos, la toma de decisiones, la cultura política democrática y la participación en los asuntos públicos. Interesa especialmente el papel de la educación cívica, concepto amplio que abarca diversas denominaciones como educación ciudadana, moral o ética, y que se relaciona con la diversidad de contenidos (derechos humanos, educación política, habilidades ciudadanas, instrucción electoral, etc.) en la construcción de la ciudadanía de los hombres y las mujeres.

La educación, espacio de socialización especializado en el aprendizaje de las normas de convivencia social y códigos de comportamientos, es a la vez un espacio privilegiado para la construcción de la ciudadanía de los individuos y la producción de nuevos sentidos sobre lo que significa ser hombre y ser mujer en los distintos escenarios públicos y privados.


Políticas públicas: tomar decisiones en educación

Jacques Delors, quien presidió la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, sostiene que la educación tiene por función esencial el desarrollo continuo de las personas y las sociedades, como una de las vías más importantes, y que las políticas educativas son una estructuración privilegiada de las personas, las relaciones entre individuos, entre grupos y naciones(3).

La educación conlleva la toma de decisiones difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y calidad de los sistemas educativos. Las decisiones educativas interesan y afectan al conjunto de la sociedad, por lo que exigen la apertura a un debate democrático sobre los medios y fines de la educación.

Sin duda, la educación es un bien de carácter colectivo y corresponde al Estado regularla y crear un consenso nacional sobre ella, establecer una coherencia general y proponer una visión a largo plazo. No obstante, en tanto las opciones educativas son opciones de sociedad, se impone un debate público y la inclusión de propuestas y puntos de vista de la sociedad en las políticas educativas.

Es necesario introducir factores de dinamismo en los mecanismos de la gestión educativa e incluir a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones, no sólo considerando la dimensión técnica de la educación, sino desde la perspectiva política y de género.

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, es una necesidad impostergable el diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que, entretejidas por el género y objeto de aprendizaje social, favorecen la discriminación femenina.

Urge desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y, sobre todo, impulsar una educación igualitaria. Para eliminar las desigualdades sociales entre los sexos se deben considerar los presupuestos culturales y sociales que han impedido la igualdad. De ahí que la perspectiva de género, como marco para explicar las razones y los orígenes culturales del problema de las mujeres y de las relaciones sociales entre los sexos, sea indispensable para desarrollar programas y soluciones normativas, jurídicas, educativas y comunicativas destinadas a subsanar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

La perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al establecer condiciones más equitativas para la participación en la vida social. Las políticas públicas tienen que ver con la participación, es decir, con la relación que la ciudadanía establece con el Estado. Al decir de Marta Lamas, dos elementos se deben articular para que un problema social se vuelva objetivo de las políticas públicas: es necesario que la situación sea reconocida como problema público que requiere atención gubernamental y que sea objeto de demanda de la sociedad. Ni la dimensión objetiva del problema ni su gravedad producen por sí mismas su resolución; son las insatisfacciones sociales y la movilización ciudadana que generan estos problemas las que obligan a elaborar propuestas de políticas públicas(4).

En todas las decisiones que se adopten en materia de educación debe predominar el principio de igualdad de oportunidades. La educación para la democracia requiere tanto de políticas públicas que la promuevan como de acciones afirmativas, a través de las cuales se instrumenten medidas especiales y temporales destinadas a proporcionar ventajas y oportunidades a favor de las mujeres para lograr el principio de igualdad en la realidad.

El debate actual acerca del papel de la educación en la construcción de los sujetos en las sociedades democráticas, además de insistir en la necesidad de de construir y reconstruir lo que sucede al interior de las prácticas educativas para explicarlas y transformarlas, señala el imperativo de diseñar y desarrollar políticas públicas que conduzcan a la equidad social entre los géneros.

La calidad de la democracia está íntimamente ligada a la calidad de la educación. En tanto el problema de la calidad y la igualdad de oportunidades ya no radica en el acceso y cobertura al sistema educativo, sino más bien en sus modos y prácticas que reproducen la desigualdad social que parte de la diferenciación sexual, es imprescindible volver la mirada a lo que ocurre al interior de las experiencias y prácticas educativas concretas, para analizar y transformar las modalidades de enseñanza, los contenidos y las prácticas; particularmente las que tienen que ver y se articulan con la educación cívica.

La práctica de la negociación y la concertación constituye en sí misma un factor de aprendizaje democrático en la gestión educativa y en la vida escolar. Habría que aprovechar esto en el diseño de las mismas políticas públicas educativas.